El extraño pago de una deuda edil

Administración de Castañeda se comprometió a pagar acreencia de S/.35 millones a Relima en lapso de 10 años. Pero, en 2006, terminó pagándola de golpe a empresa desconocida.

Una millonaria deuda de la Municipalidad de Lima ha suscitado serias suspicacias por la extraña ruta que siguió y la forma en que se negoció y se pagó. Desde el 2004, la empresa transnacional Relima hizo insistentes pedidos para hacer valer un laudo arbitral que le permitía cobrar una acreencia que, con intereses, superaba los S/.46 millones y que la comuna limeña no le pagaba desde 1998. En diciembre de 2005, al final de la negociación y en apenas unos días, las cosas cambiaron y la beneficiaria de la gestión edil terminó siendo una suertuda empresa ‘cascarón’ que, luego de cobrar, de-sapareció del mapa y de todo registro comercial.

La historia empieza en 1998, cuando Relima, encargada entonces de la limpieza de la capital, no cobraba por sus servicios. A inicios de 2005, la deuda más sus intereses alcanzó los S/. 46.9 millones pero, tras tediosas negociaciones entre la gestión de Castañeda y la empresa, en marzo, la deuda quedó en S/. 35.9 millones hasta el final.

Cuando la cifra ya no fue el problema, el desacuerdo pasó a ser la forma del pago. Ese mismo mes, el entonces director metropolitano de Finanzas, Juan Blest –uno de los principales funcionarios de Castañeda desde inicios de los 90–, le aseguró al gerente administrativo de Relima, Miguel Garro, que en 11 meses, es decir, en febrero de 2006, le pagaría todo de un porrazo.

Garro se negó y el desacuerdo los obligó a buscar nuevas fórmulas. Por ello, el 10 y el 13 de octubre de 2005, ambos personajes acordaron, con oficios de mutua aprobación, que la deuda se debería pagar a través de un cronograma y en un lapso de 10 años. Así, con los intereses propios de una década, los 35.9 millones de soles se convertirían en 40.5 millones. No había gran diferencia y las partes parecían satisfechas.

El cronograma final fue propuesto por Relima el 13 de setiembre y aceptado por el municipio el 13 de octubre con el oficio 2005-10-1212. Al final, todo quedó finiquitado con el oficio 308 –del 15 de diciembre– de la Gerencia de Finanzas de la municipalidad.

CAMBIO DE PLANES. De pronto, algo extraño ocurrió apenas se cerró el acuerdo. El 20 de ese mes apareció en escena una nueva empresa que, sin mostrar movimientos financieros, adquirió la deuda a 14.6 millones de soles. Esta firma se llamaba Comunicaciones Corporativas y Representaciones S.A. (Comunicore) y tenía como directivos a Rafael Santiago Ruiz Contreras (presidente), Henry Fernando Brachowicz Vela (director-gerente general) y José Luis Ramón Pinillos Broggi (director).

El mismo día 20, Relima y Comunicore le informaron al municipio del cambio de titular de la acreencia. Extrañamente, en cuestión de días, la pequeña y desconocida Comunicore pudo hacer lo que en años no había podido la transnacional Relima y, en enero, Blest firmó el pago total contante y sonante. “(Lo que pasa es que) la municipalidad ya tenía la intención de pagar porque ya tenía todos los recursos, la decisión ya estaba tomada”, justifica el alto funcionario edil. ¿Por qué tuvo tanta suerte Comunicore y ganó, en apenas unos días, casi 21 millones de soles? “Sí, es suspicaz; para nosotros, las razones también fueron raras; en realidad, no esperábamos que fuera tan rápido. Presumo que era una estrategia de negociación de la municipalidad”, dijo a este diario Miguel Garro.

ERAN LA MISMA COSA. El otro elemento que genera dudas es que Comunicore fue liquidada apenas cobró la millonaria deuda. Según Garro, “fue una operación muy puntual y que salió porque la municipalidad tenía la necesidad de limpiar toda su contingencia. Después se liquidó la empresa”. Por cierto, Garro –que entonces era un alto ejecutivo de Relima– también estuvo vinculado a Comunicore, y así lo ha reconocido en diálogo con Perú.21.

Fuentes que laboraron en Comunicore aseguraron a este diario que, en apenas pocas semanas, sus ejecutivos realizaron varias transferencias de dinero al extranjero. Sería bueno que la Contraloría evalúe este caso y descarte cualquier indicio de irregularidad.